La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha pedido este lunes una “reflexión sosegada” sobre los delitos de odio para darles una respuesta penal “proporcionada, disuasoria y garantista”. Su departamento ultima una circular —un escrito que fija criterios de actuación vinculantes— que enviará a todas las fiscalías a principios de 2019 para unificar la actuación del ministerio público ante este delito. La idea, según fuentes fiscales, es que las acusaciones se ciñan a los criterios que ha establecido el Tribunal de Estrasburgo en varias sentencias en las que ha condenado a España por una aplicación “desproporcionada” de este delito.

La necesidad de abrir una reflexión para plantear cambios sobre los delitos de odio es una de las prioridades que ha planteado Segarra desde que llegó al cargo en julio. La última memoria anual de la Fiscalía, presentada en septiembre, abogaba por buscar penas alternativas a la prisión en los casos de delitos de odio cometidos a través de Internet, una propuesta que el Gobierno se ha mostrado dispuesto a estudiar aunque, por ahora, no ha dado ningún paso en esa dirección.

Segarra insistió este lunes en la necesidad de “reflexionar” sobre este delito. Y lo hizo antes de la inauguración de unas jornadas en Madrid de especialistas en delitos de odio y casi a la misma hora que el humorista Dani Mateo comparecía en un juzgado como investigado por este delito (además de por ultraje a la bandera) por un gag en el que se sonaba la nariz con la bandera española.

El delito de odio, recogido en el artículo 510 del Código Penal, contempla en su forma más grave penas de entre uno y cuatro años de cárcel para quien fomente el odio o la violencia contra una persona o un colectivo por motivos racistas, antisemitas, religiosos u otra circunstancia. Segarra advirtió de que estos delitos se han incrementado en los últimos años, sobre todo a través de redes sociales, y que tanto las víctimas como los autores son a menudo menores.La Fiscalía cree que no hay que bajar la guardia ante estas conductas, pero, a su vez, considera que en algunos casos se está aplicando de forma “desproporcionada”. En sus declaraciones de este lunes, Segarra admitió que el ministerio público no siempre está mostrando “unidad de actuación”, un problema que pretende zanjar con la circular que su departamento prevé tener lista en el primer trimestre de 2019 y que se enviará a todas las fiscalías.

La idea, según fuentes fiscales, es que la actuación del ministerio público se ciña a los criterios que ha fijado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varias sentencias en las que ha condenado a España por la aplicación “desproporcionada” del delito de odio. La última de estas resoluciones, dictada en marzo pasado, instó a indemnizar a dos manifestantes independentistas catalanes que en 2007 quemaron una foto de los Reyes durante una protesta antimonárquica en Girona. En la sentencia, el tribunal con sede en Estrasburgo advirtió de que la libertad de expresión “se extiende a informaciones e ideas que ofenden, chocan o molestan” y forman parte de las condiciones de “pluralismo, tolerancia y amplitud de miras sin las cuales no hay una sociedad democrática”.

La Fiscalía General del Estado ha propuesto una reforma del artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que afecta a procedimientos de personas con anomalías psíquicas, pues la regulación actual no tiene en cuenta algunos supuestos concretos y la respuestas de la Justicia es, según los fiscales, "arcaica e incompatible con los principios constitucionales, y en consecuencia inaplicable"

El caso más reciente en donde se pudo apreciar este vacío legal fue en julio, cuando el Tribunal Constitucional amparó a un hombre que había sido absuelto por la Audiencia Provincial de Córdoba de un delito de homicidio al apreciar los jueces la eximente completa de trastorno mental.Mientras esperaba a que se resolvieran varios recursos en instancias superiores, la Audiencia decidió que ingresara en la unidad psiquiátrica de la prisión de Córdoba, que carecía de este tipo de servicio, por lo que el hombre fue recluido en la enfermería.

La Fiscalía propone aplicar la regulación propuesta en el Código Procesal penal de 2013, que no llegó a concluir su tramitación en el Parlamento.

Se pretende reformar la actual LeCrim para cuando la enfermedad o alteración de la percepción impida al encausado comprender el significado y consecuencias del proceso penal (y esta situación haya sobrevenido con posterioridad a la comisión del hecho punible) la causa sea archivada hasta que el encausado recobre la capacidad necesaria para ser sometido a juicio.

En lo relativo a las medidas cautelares, se indica que puedan ser internados en un centro psiquiátrico cuando se concluya que "existe riesgo relevante de comisión de nuevos delitos como consecuencia de su patología". Este internamiento debería ser de 6 meses prorrogables a un año cuando se den los requisitos que justifiquen ese internamiento. Si es condenado, la medida de internamiento psiquiátrico se podrá mantener mientras dure la resolución de un posible recurso.

El Tribunal Supremo rechaza que la normativa europea obligue a la agencia Tributaria a aplicar una deducción de la totalidad del IVA en la compra de un vehículo que vaya a ser usado para una actividad económica.

El Tribunal de Justicia de la Unión europea estableció que "todo sujeto pasivo que utilice bienes para una actividad económica tiene derecho a deducir el IVA soportado en el momento de su adquisición por pequeña que sea la proporción de su uso para fines profesionales"

Sin embargo, la sentencia de 19 de julio de 2018 determina que el artículo 95.3 de la ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, es conforme a la Directiva europea.

El magistrado ponente de la sentencia, Maurandi Guillen entiende que "no puede excluirse el derecho a deducir por la circunstancia de que el bien en cuestión no esté completamente afectado a la actividad empresarial o profesional o por el hecho de que esa afectación sea proporcionalmente poco relevante"

Vargas ha anunciado esta medida en una rueda de prensa para informar sobre los datos de siniestralidad vial, las medidas a tomar y las sentencias dictadas por delitos contra la seguridad vial, que ascendieron el pasado año a 81.951, es decir, el 32 por ciento de todas las dictadas (una de cada tres).

Considera la Fiscalía que de las 600 muertes que se produjeron el pasado año en las carreteras por salida de vía, una buena parte tuvo como causa el uso del teléfono móvil, por lo que ha exigido una investigación más exhaustiva por parte de las policías. Asimismo, en el oficio ha solicitado a las autoridades de tráfico de todas las administraciones que incrementen los controles de alcohol y drogas al volante y de la velocidad, factor este último presente en el 30 por ciento de los accidentes.

Porque el uso del móvil, los excesos de velocidad y el consumo previo de alcohol, o de drogas o de psicofármacos son el "quinteto" de la muerte, según ha resaltado Vargas, quien ha rechazado que el repunte de la siniestralidad se deba a la mejora de la situación económica o al aumento de los desplazamientos. "Constituye una excusa para no ofrecer respuestas adecuadas", ha enfatizado el fiscal.

A pesar de que el Ministerio de Hacienda no cuente todavía con un anteproyecto de ley, la idea de que las compañías de comercio electrónico paguen impuestos por cada una de sus transacciones comerciales ya ha salido a la luz. De hecho, se prevé que en otoño se presente la norma, que entraría en vigor a principios del año que viene.

De esta manera se pretende proteger al pequeño comercio, que está en inferioridad de condiciones respecto de las grandes cadenas, cuya cuota de mercado no para de crecer por la generalización de las ventas "online".

Actualmente, el modelo de bases imponibles en el impuesto de sociedades no es capaz de incluir esa facturación, evidentemente por la deslocalización fiscal que se produce entre las empresas filiales y la matriz.

En este sentido, tanto la OCDE como la Comisión Europea han tratado el tema proponiendo una nueva fiscalidad para la economía digital.

De hecho, la Comisión Europea habilitó a los países a gravar los ingresos generados a partir de la venta de datos obtenidos de información aportada por el usuario, y que hoy se escapan al fisco por la dificultad de identificar el hecho imponible.

El anterior Ministro de Hacienda también identificó otra fuente de generación de ingresos para las compañías digitales que pasan desapercibidas para Hacienda: las descargas. Esto no sólo afectaría a plataformas digitales sino también a compañías de telecomunicaciones.

El único límite que pone la Comisión Europea es que el nuevo impuesto digital que analiza el Gobierno afecte sólo a empresas con un mínimo de ingresos de 750 millones de euros a nivel mundial y 50 millones de euros en la Unión Europea.

Con ello, la Comisión ha estimado unos ingresos adicionales de 5.000 millones de euros anuales.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en sentencia 1166/2018 de 9 de julio de 2018 ha establecido que un embajador está legitimado para recurrir ante los tribunales del Estado de destino la extradición de un ciudadanos de su país sin necesidad de contar con una decisión al respecto de la autoridad competente del estado que representa.

El tribunal reconoció esta facultad al Embajador de Turquía en España, Omer Onhon, que interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del consejo de Ministros por el que se rechazó extraditar al escritor alemán de origen turco, Erdogan Akhnli, reclamado por las autoridades turcas. El Consejo de Ministros se basó en que Alemania le reconoció la condición de refugiado y una protección reforzada al concederle la nacionalidad alemana.

El Abogado de Estado se mostró contrario a la admisión del recurso al entender que el embajador turco en España carecía de legitimación para interponerlo.

La Sala detalla que el artículo 3 de la Convención de Viena contempla como funciones principales de una misión diplomática "representar" al estado acreditante ante el receptor, lo que "permite entender que un embajador, en su cualidad de representate de su estado en el estado receptor, está facultado para ejercitar una acción judicial como la que nos ocupa"

Una vez despejado este asunto, el tribunal resolvió que en el recurso no se había desvirtuado las razones expuestas en el acuerdo del Consejo de Ministros para denegar la no continuación del procedimiento de extradición. “Ni la condición de refugiado ni la nacionalidad alemana de quien se pretende la extradición puede ponerse en duda, por lo que mal puede este Tribunal acoger el recurso cuando el acuerdo impugnado se fundamenta en el artículo 4.8ª de la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de extradición pasiva, que prevé como supuesto de denegación de extradición el reconocimiento a la persona reclamada de la condición de aislada, reforzada, como se dice en el acuerdo impugnado, por la obtención de la nacionalidad alemana”.

El Tribunal supremo concluye afirmando que “lo relevante es la condición de asilado, condición, que constituye un supuesto legal de denegación de extradición”

El bitcoin está siendo el activo financiero de moda en los últimos años. De hecho, operar mediante monedas virtuales se está volviendo cada vez más común.

Pero el bitcoin no es la única criptodivisa, pues también contamos con el ethereum, el ripple, el litecoin, etc. todas ellas con la idea de ser un nuevo medio de pago que no dependiese de ninguna red central.

No obstante, el bitcoin es la moneda virtual por excelencia, pues en 2017, esta criptodivisa se revalorizó más de un 1.800% y legó a rozar los 20.000 dólares.

Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo tributan este tipo de divisas?.

En cuanto a la fiscalidad, hay que diferenciar si estamos ante meros inversores que hacen operaciones de compraventa; o si se trabaja en los pools de minerías, generando nuevos bitcoins.

En el primer caso, tanto las operaciones de compraventa de bitcoins como la adquisición de otras criptomonedas mediante la entrega de bitcoins, tributan el IRPF de la misma forma que las acciones o los fondos de inversión. Así, el importe a incluir en el IRPF, no sujeto a retención, es el resultado de restarle al precio de venta, el precio de compra y los gastos asociados a la venta y a la compra.

No obstante, en los casos en los que se haya invertido dinero en bitcoins pero no se haya realizado ninguna operación, se debe tributar por el valor de éstos en el Impuesto del Patrimonio.

En cuando a los mineros de bitcoins, aquéllos que minan bitcoins: proceso que sustentan a través de la tecnología blockchain, está considerada una actividad económica en los términos que marca el Impuesto de Actividades Económicas, por lo que, para poder minar bitcoins legalmente, el contribuyente debe estar dado de alta en la Seguridad Social y Hacienda. Así, a la hora de hacer la declaración, tributan en la base general como rendimientos de actividades económicas.

El TS, en su sentencia 368/2018 de 19 de junio ha estimado el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Porvincial de Sevilla que había descartado que un anuncia de la entidad de intermediación financiera Credit Services S.A. integrara un supuesto de publicidad ilícita.

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina que el método de comprobación del valor real de inmuebles, a los efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que posibilita la Ley General Tributaria, consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, no es idóneo ni adecuado, salvo que se complemente con una comprobación directa por parte de la Administración del inmueble concreto sometido a valoración.
Se indica por parte del Tribunal que la aplicación de ese método de comprobación “no dota a la Administración de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, figuren en disposiciones generales o no”, así como que “la aplicación de tal método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la Administración exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobación la mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral”.

La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado contra el pago fraccionado mínimo del Impuesto sobre Sociedades (IS) como consecuencia del Real Decreto Ley 2/2016, que permitió su aplicación inmediata desde su aprobación el 30 de septiembre de 2016, en el que se introdujeron medidas fiscales dirigidas a la reducción del déficit público por exigencias de la Unión Europea.