El Tribunal Supremo ha fijado en una sentencia una serie de criterios orientativos a tener en cuenta ante la declaración de las víctimas en el proceso penal. Y en este caso concreto analizado en la sentencia, en los casos de víctimas de delitos de violencia de género, destacando entre otros factores a considerar la percepción de la seguridad en la declaración ante el Tribunal por el interrogatorio del Ministerio Fiscal, letrado/a de la acusación particular y de la defensa, la concreción en el relato de los hechos ocurridos objeto de la causa, la claridad expositiva ante el Tribunal, el “Lenguaje gestual” de convicción.

Este elemento es de gran importancia y se caracteriza por la forma en que la víctima se expresa desde el punto de vista de los “gestos” con los que se acompaña en su declaración ante el Tribunal, la seriedad expositiva que aleja la creencia del Tribunal de un relato figurado, con fabulaciones, o poco creíble, la expresividad descriptiva en el relato de los hechos ocurridos, la ausencia de contradicciones y concordancia del iter relatado de los hechos, la ausencia de lagunas en el relato de exposición que pueda llevar a dudas de su credibilidad, la declaración no debe ser fragmentada, etc.

En la sentencia de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo de la que ha sido ponente el Magistrado Vicente Magro Servet se trata de fijar una serie de parámetros para valorar esta declaración de la víctima el día del juicio en torno a la apreciación de la credibilidad sobre los hechos de los que fue sujeto pasivo del delito y la percepción del tribunal a la hora de llegar al proceso de convicción sobre la realidad y veracidad de lo que relata.

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca había condenado a una persona por maltratar habitualmente a su pareja y pegarle en una ocasión, como autor criminalmente responsable de un delito del artículo 173. 2 párrafo 2º CP, con la concurrencia de la atenuante analógica de embriaguez, a la pena quince meses y un día de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, prohibición del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de cuatro años y un día, así como prohibición de acercamiento a menos de quinientos metros y comunicación por cualquier medio por tiempo de dos años, respecto de la perjudicada, y como autor criminalmente responsable de un delito del artículo 153 CP, con igual circunstancia atenuante analógica, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad por tiempo de 16 días y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de seis meses y un día.

En el recurso también se planteaba rebajar la gravedad de los hechos de maltrato habitual a falta por el consumo de alcohol reiterado que tenía el acusado, pero el Tribunal Supremo lo descarta señalando que: “En el contexto de la relación de pareja no puede producirse una atenuación de la penalidad por el consumo de alcohol, utilizándolo el autor de maltrato físico o psíquico como si se tratara de un subtipo atenuado, o rebajarlo a la consideración de falta.

Lo que permite el texto penal es, por un lado, aplicar la atenuante de embriaguez en estos casos, pero no rebajarlo a delito leve. Y, por otro lado, como ya apuntábamos en la sentencia antes citada de esta Sala 677/2018 de 20 Dic. 2018, lo que puede hacer el juez de enjuiciamiento cuando se considere que el hecho de la agresión es “de menor entidad atendidas las circunstancias del caso” es lo que ha hecho en este caso la Audiencia Provincial, como es aplicar el art. 153.4 CP.”

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

La Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de prisión a la autora responsable de un delito contra la propiedad intelectual por publicar contenidos musicales protegidos en diversos repositorios de Internet sin la autorización de sus titulares. La sentencia también contempla la imposición de una multa de 48 meses con una cuota diaria de dos euros, así como el pago de las costas causadas por el procedimiento.

Los magistrados recogen en la sentencia que la ahora condenada "de forma continuada y sistemática, y con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, como mínimo desde el año 2013 y hasta el 18 de mayo de 2017, puso a disposición de los usuarios de Internet, contenidos musicales, protegidos por derechos de propiedad intelectual, sin la autorización de sus titulares".

La mujer subió tales contenidos a determinados servidores a través de sus diferentes cuentas de usuario y publicó enlaces a los mismos que permitían su descarga a través de páginas web de enlaces como www.pordescargadirecta.com; www.exvagos.com, posteriormente www.exvagos.tv, y por último www.exvagos.net; www.elmonky.com; www.muchagentejoven.com y http://www.mundoteam.com.

En concreto –continúa la sentencia-, entre junio de 2013 y mayo de 2016, publicó en la red un total de 24.969 enlaces, únicamente en las tres websites de descargas. Con el desarrollo continuado de esta actividad, la acusada obtuvo un beneficio que alcanza un valor total de 1.630 euros.

Dado que la resolución es fruto un acuerdo de conformidad entre las partes, ésta ha alcanzado firmeza y, por tanto, contra ella no cabe la interposición de recurso alguno.


Fuente: Poder Judicial

La responsabilidad penal de las personas jurídicas no solo ha llegado para quedarse, sino que, además, va en aumento. Los mandatos de la Unión Europea, a través de sus directivas, obligan a España a reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas para nuevos delitos. Así, la reciente reforma del Código Penal (aprobada por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero) que entrará en vigor el próximo 13 de marzo, recoge el testigo y amplía el listado de delitos de los que pueden ser responsables las organizaciones.

En primer lugar, hay que aclarar que las empresas no responden por la comisión de cualquier delito, sino solo por aquellos que expresamente estén así reconocidos por el Código Penal. Se ha optado, pues, por un sistema cerrado de enumeración taxativa de los ilícitos. Los nuevos delitos añadidos a ese catálogo son, en síntesis, el de comunicación ilícita de información privilegiada, todos los delitos de malversación y todos los delitos de terrorismo.
Hasta ahora, las empresas respondían por los delitos de alteración de precios (artículo 284 CP) y de abuso de información privilegiada en el mercado bursátil (artículo 285 CP), pero ahora se añade al elenco el delito de la comunicación ilícita de información privilegiada cuando ponga en peligro la integridad del mercado o la confianza de los inversores (artículo 285 bis CP).

Las organizaciones deben tener presente que en el delito de alteración de precios se incorpora, entre los medios de comisión, la utilización de artificios y el empleo de las tecnologías de la información. Además, se amplía el objeto de protección a los contratos de contado sobre materias primas relacionadas con instrumentos y los índices de referencia. La reforma incrementa las sancionesque llevan aparejadas y prevé una agravación específica para los supuestos en que el autor del hecho fuera trabajador o empleado de una empresa de servicios de inversión, una entidad de crédito, una autoridad supervisora o reguladora, o una entidad rectora de mercados regulados o centros de negociación. Con respecto al delito de abuso de información privilegiada, la reforma es amplia: se tipifican nuevas formas de comisión del hecho delictivo; se especifican los supuestos en que legalmente se entiende que una persona tiene acceso reservado a la información privilegiada; y se añade también la agravación específica similar a la comentada para el delito de alteración de precios. La responsabilidad de las organizaciones se extiende ahora a todos los delitos de malversación de los artículos 432 a 434 del Código Penal, es decir, pueden ser condenadas por administración desleal o apropiación indebida del patrimonio público, falseamiento de la contabilidad de entidades públicas por autoridad o funcionario o por malversación impropia. Hasta ahora las entidades podían ser responsables penalmente en el caso de organizaciones y grupos terroristas y de financiación del terrorismo, pero la reforma, en su nuevo artículo 580 bis del Código Penal, amplía la responsabilidad a todos y cada uno de los delitos de terrorismo regulados en los artículos 573 a 580 del Código Penal. Es decir, pueden ser condenadas si en su seno se cometen delitos de terrorismo, colaboración con terroristas, adoctrinamiento, exaltación, enaltecimiento o incitación al terrorismo.

Este elenco de delitos, además, se ve incrementado por la reforma con los nuevos delitos de falsedad documental con fines terroristas y el viaje con fines terroristas.

Hay que añadir que se amplía el abanico de sanciones que se les pueden imponer si son responsables penales de los delitos de falsificación de moneda.
La legislación, por lo tanto, va claramente encaminada a endurecer el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en alianza con la reciente jurisprudencia que cada vez está imponiendo multas más elevadas. La más reciente proviene del Tribunal Supremo y asciende a 3.245.753 euros.

Las organizaciones deben, por tanto, implantar programas de compliance penales que prevengan, exoneren o atenúen la responsabilidad, tanto a las entidades como a sus administradores, órganos directivos o empleados.

El Colegio de Abogados de Oviedo ha puesto en marcha un Servicio de Orientación Jurídica contra el maltrato animal (SOJMA), dirigido tanto a particulares como a protectoras de animales, asociaciones, profesionales, y en general, a cualquier persona que necesite información y/o asesoramiento legal en materia de Derecho Animal.

Se trata de un servicio público y gratuito para la ciudadanía, de orientación jurídica general y no particular, para ayudar a encauzar determinados temas relacionados con el Derecho Animal, informando a los interesados sobre las diferentes alternativas, tanto judiciales como extrajudiciales, que existen actualmente para la defensa de los animales maltratados.

Letrados y letradas expertos en Derecho Animal se encargarán de ofrecer este asesoramiento especializado, cuya finalidad es la lucha contra el maltrato animal, ayudando a que se respeten los derechos de los animales y dando a conocer los diferentes medios de denuncia existentes en esta materia.

Para acceder a este servicio, que se prestará en la sede del ICA Oviedo todos los viernes por la mañana a partir del 1 de febrero, se deberá solicitar cita previa a través de la página web del colegio (www.icaoviedo.es), en la sección de la Comisión de Derecho Animal.

Se trata de un servicio novedoso en España, ya que actualmente solo el Colegio de Abogados de Baleares lo ofrece en su demarcación.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha adoptado un Acuerdo de Pleno que establece que en los casos de agresiones recíprocas hombre y mujer en pareja o ex pareja es hecho de violencia de género, y familiar o doméstica, respectivamente. El Tribunal Supremo delara también que los actos de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer con ocasión de una relación afectiva de pareja constituyen actos de poder y superioridad frente a ella con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad. Y que cualquier agresión de un hombre a una mujer en la relación de pareja o ex pareja es hecho constitutivo de violencia de género.

La sentencia, STS 677/2018 de 20 de diciembre, revoca la absolución de los dos miembros de la pareja por una agresión mutua a cuena de una discusión en un sitio público.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados contra la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo de modificación de la ley orgánica del Poder Judicial de 1985, relativa a la justicia universal.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha anulado la condena de 1 año de prisión por delito de enaltecimiento del terrorismo impuesta por la Audiencia Nacional a un hombre por una serie de tuits que publicó entre 2013 y 2015 referidos al concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco y sobre su deseo de que ETA y GRAPO actuasen contra determinados políticos y medios de comunicación. La Sala absuelve al acusado ante la escasa difusión y leve impacto causado por los tuits por lo que, “a pesar del mal gusto de las expresiones”, el caso debe quedar fuera del ámbito penal.

El tribunal, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, destaca que la desmesura del contenido de los mensajes “no alcanza el reproche penal en la medida en que son expresiones aisladas, (cuyo) conocimiento general no resulta de la publicación, sino de la localización posterior, y su divulgación va más allá de la pretensión del emisor”, así como por “su escasa difusión y el leve impacto causado”, que hace que, a pesar del mal gusto de las expresiones, deba quedar fuera de la tipicidad penal.

Además, añaden los jueces del Supremo, “la llamada a la acción no es real, no es seria, en la medida en que la apelación se hace a organizaciones terroristas, felizmente, desaparecidas”.

Entre los tuits publicados por el acusado, figuraban: “todos los de Intereconomía como Miguel Ángel Blanco”, “me meo en la AVT”, “quiero un selfie con la nuca de Miguel Ángel blanco”, "Responder Esperanza Aguirre, Asesina de niños se te queda corta. Que vuelvan los GRAPO y ETA y te den tu merecido, escoria”, "Ataques al PP. Lástima que las bombas no estallaron. Y que no hubiera nadie dentro. Espero que al menos esto provoque un efecto llamada”, o “joder, en vez de tirotear a Charlie Hebdo ya podrían haber ido a la redacción del mundo o el país, mucho más productivo”.

El Supremo comparte que las frases recogidas no se justifican en la libertad de expresión, y pueden ser tenidas como afrentosas a la convivencia, pero cree que deben quedar fuera de la tipicidad penal una vez realizada la necesaria ponderación con la conexión con el terrorismo y la valoración de elementos de contexto, de medio empleado, difusión, antigüedad, la afectación social, y también vista la proporcionalidad de la pena con la naturaleza del hecho.

Las denuncias por violencia de género presentadas antes los juzgados en el tercer trimestre de ese año, de julio a septiembre, alcanzaron la cifra total de 43.560, lo que viene a representar un aumento del 2,3 por ciento respecto al mismo período del año anterior, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. En estos tres últimos meses se dictaron un total de 10.741 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que el 72,16 por ciento (7.751) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de 2,3 puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2017, que representaron un 69,9 por ciento del total.

Otro dato relevante es el número de mujeres víctimas de violencia de género, que se situó en 40.718, lo que viene a representar un leve descenso respecto al tercer trimestre de 2017, un 0,3 por ciento menos que el año anterior.

Un aspecto destacable es el hecho de que cada vez las mujeres van perdiendo e miedo a denunciar este tipo de hechos. Así, más de un 70 por ciento de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales, lo que supone un incremento de casi dos puntos sobre el porcentaje observado en el tercer trimestre del año anterior. Esto tiene como consecuencia que las presentadas por intervención directa de la policía se hayan situado en el 14 por ciento de los casos –dato inferior al año anterior- constatándose un importante descenso en las denuncias presentadas por familiares, que apenas llega a un 1,40 por ciento del total (frente al 2,25 por ciento en el tercer trimestre de 2017).

En cambio, todavía hay un significativo número de víctimas que se niegan a declarar en el juicio contra el denunciado. En concreto, según los datos del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ, en 4.453 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, lo que supone un 10,9 por ciento del número de mujeres víctimas, cifra ligeramente superior al mismo trimestre del año anterior, que fue de un 10,2 por ciento.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea han alcanzado un acuerdo político sobre el Reglamento de Ciberseguridad, que refuerza el mandato de la Agencia de Ciberseguridad de la UE (Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de las Redes y de la Información, ENISA) con el fin de ayudar mejor a los Estados miembros a hacer frente a las amenazas y los ataques de ciberseguridad. La Ley también establece un marco de la UE para la certificación de la ciberseguridad y refuerza la ciberseguridad de los servicios en línea y los dispositivos de consumo.

El vicepresidente Andrus Ansip, responsable del Mercado Único Digital, declaró: «Las personas y las empresas tienen que sentirse seguras en el entorno digital: es la única manera de que se beneficien plenamente de la economía digital de Europa. La confianza y la seguridad son fundamentales para que nuestro mercado único digital funcione correctamente y el acuerdo alcanzado esta tarde para la certificación global de los productos de ciberseguridad y para reforzar el mandato de la Agencia de Ciberseguridad de la UE son un paso más para lograrlas.»

Por su parte, la comisaria Mariya Gabriel, responsable de Economía y Sociedad Digitales, añadió: «la mejora de la ciberseguridad en Europa y la mayor confianza de los ciudadanos y las empresas en la sociedad digital es una de las principales prioridades de la Unión Europea. Los incidentes graves recientes, como WannaCry y NotPetya, han servido de llamada de atención, ya que nos han mostrado las posibles consecuencias de los ciberataques a gran escala. Ante esta coyuntura, creo firmemente que el acuerdo de esta tarde mejora la seguridad general de la Unión y sirve de apoyo a la competitividad de las empresas.»