La Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de prisión a la autora responsable de un delito contra la propiedad intelectual por publicar contenidos musicales protegidos en diversos repositorios de Internet sin la autorización de sus titulares. La sentencia también contempla la imposición de una multa de 48 meses con una cuota diaria de dos euros, así como el pago de las costas causadas por el procedimiento.

Los magistrados recogen en la sentencia que la ahora condenada "de forma continuada y sistemática, y con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, como mínimo desde el año 2013 y hasta el 18 de mayo de 2017, puso a disposición de los usuarios de Internet, contenidos musicales, protegidos por derechos de propiedad intelectual, sin la autorización de sus titulares".

La mujer subió tales contenidos a determinados servidores a través de sus diferentes cuentas de usuario y publicó enlaces a los mismos que permitían su descarga a través de páginas web de enlaces como www.pordescargadirecta.com; www.exvagos.com, posteriormente www.exvagos.tv, y por último www.exvagos.net; www.elmonky.com; www.muchagentejoven.com y http://www.mundoteam.com.

En concreto –continúa la sentencia-, entre junio de 2013 y mayo de 2016, publicó en la red un total de 24.969 enlaces, únicamente en las tres websites de descargas. Con el desarrollo continuado de esta actividad, la acusada obtuvo un beneficio que alcanza un valor total de 1.630 euros.

Dado que la resolución es fruto un acuerdo de conformidad entre las partes, ésta ha alcanzado firmeza y, por tanto, contra ella no cabe la interposición de recurso alguno.


Fuente: Poder Judicial

La Fiscalía General del Estado ha propuesto una reforma del artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que afecta a procedimientos de personas con anomalías psíquicas, pues la regulación actual no tiene en cuenta algunos supuestos concretos y la respuestas de la Justicia es, según los fiscales, "arcaica e incompatible con los principios constitucionales, y en consecuencia inaplicable"

El caso más reciente en donde se pudo apreciar este vacío legal fue en julio, cuando el Tribunal Constitucional amparó a un hombre que había sido absuelto por la Audiencia Provincial de Córdoba de un delito de homicidio al apreciar los jueces la eximente completa de trastorno mental.Mientras esperaba a que se resolvieran varios recursos en instancias superiores, la Audiencia decidió que ingresara en la unidad psiquiátrica de la prisión de Córdoba, que carecía de este tipo de servicio, por lo que el hombre fue recluido en la enfermería.

La Fiscalía propone aplicar la regulación propuesta en el Código Procesal penal de 2013, que no llegó a concluir su tramitación en el Parlamento.

Se pretende reformar la actual LeCrim para cuando la enfermedad o alteración de la percepción impida al encausado comprender el significado y consecuencias del proceso penal (y esta situación haya sobrevenido con posterioridad a la comisión del hecho punible) la causa sea archivada hasta que el encausado recobre la capacidad necesaria para ser sometido a juicio.

En lo relativo a las medidas cautelares, se indica que puedan ser internados en un centro psiquiátrico cuando se concluya que "existe riesgo relevante de comisión de nuevos delitos como consecuencia de su patología". Este internamiento debería ser de 6 meses prorrogables a un año cuando se den los requisitos que justifiquen ese internamiento. Si es condenado, la medida de internamiento psiquiátrico se podrá mantener mientras dure la resolución de un posible recurso.

El Tribunal Supremo entiende que el uso de la palabra "agresor" en una noticia publicada en portada, sin hacer alusión alguna a su carácter de "supuesto" en su imputación, no implica una limitación del derecho a la libertad de información.

La Sala considera que "no se trasladó al subtitulo -ni por tanto a los lectores- una conclusión taxativa sobre la realidad de los hechos y la participación del demandante que no guardase una relación lógica con los datos resultantes de las fuentes que estaban a disposición del medio en el momento de la publicación de la noticia".

La jurisprudencia entiende que el concepto de veracidad no coincide con el de verdad de lo publicado o difundido, pues cuando la constitución requiere que la información sea veraz, no está denegando informaciones que pueda resultar erróneas.

Según el magistrado ponente, "el deber de veracidad exigible al informador no puede basarse en datos distintos de los conocidos en la fecha de publicación de la noticia, de modo que la información se reputará veraz, por haber agotado el informador la diligencia que cabía exigírsele, si se basó en fuentes objetivas y fiables, perfectamente identificadas y susceptibles de contraste en ese momento, como la existencia de investigaciones policiales y judiciales".

Así, se aclara que el deber de diligencia informativa no obliga a esperar al resultado de los procedimientos penales y que tampoco el juicio sobre la diligencia informativa pueda basarse en datos distintos de los conocidos en la fecha de publicación del artículo enjuiciado.

La Delegación de España en Eurojust recibió durante 2017 información sobre sentencias dictadas por la Audiencia Nacional contra 34 acusados por delitos de terrorismo yihadista, de los cuales 27 fueron condenados. Además, se puso en su conocimiento información relacionada con un total de 105 investigados en prisión preventiva también por terrorismo yihadista: cifra similar a la de 2016 (104) y muy superior a la de 2015 (74).

Eurojust es la agencia que ayuda a los investigadores y a los fiscales de toda la Unión a cooperar en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, y desempeña una función clave en el intercambio de información y en la extradición.

En concreto, la identificación de las personas o entidades sujetas a dichas investigaciones; los actos objeto de investigación o enjuiciamiento y sus circunstancias específicas; la relación con otros casos de delitos de terrorismo; y las eventuales actuaciones que, en materia de cooperación jurídica internacional, se hayan podido cursar en relación con aquellas investigaciones y su resultado.

El número total de sentencias de terrorismo enviadas a Eurojust en 2017 ascendió a 50, de las cuales 20 correspondieron a procedimientos de yihadismo, 29 a causas seguidas contra acusados de pertenecer a la banda terrorista ETA y el resto, otros actos de naturaleza terrorista.

En 2016, la mayoría de los condenados sobre los que se informó a Eurojust estaban relacionados con la banda terrorista ETA (85), seguidos por el terrorismo yihadista (25), uno del grupo Resistencia Galego y otro de los GRAPO. En 2015 se informó sobre 51 sentencias sobre el grupo terrorista ETA, 3 de terrorismo yihadista y otra sobre delitos relacionados con terrorismo.

Por tanto, se puede comprobar como durante este años, en España, ha descendido el número de condenados por pertenecer a la banda terrorista ETA y, sin embargo, ha crecido el número de sentenciados por terrorismo yihadista.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha desestimado los recursos interpuestos por la fiscalía y las acusaciones contra el auto de 21 de junio en el que se decretaba la puesta en libertad de los cinco condenados de "La Manada".

El Pleno del Congreso de la semana pasada aprobó con 252 votos a favor la modificación de la Ley Orgánica Penitenciaria.

Con ello se pretende dotar a los funcionarios de cuerpos penitenciarios el carácter de Agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones. Se cree necesario disponer de un colectivo de funcionarios penitenciarios que cuenten con prestigio social, reconocimiento institucional a su labor y respaldo legal.

El Ministerio de Interior ha registrado más de 2.200 agresiones a los funcionario penitenciarios en los últimos 6 años. Por ello, se declara que es prioritario garantizar un entorno pacífico y seguro en donde se fije el principio de tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia en estos entornos. El objetivo que se pretende alcanzar es tanto salvaguardar la vida, integridad física y salud tanto de los internos como de los funcionarios.