viernes, 15 de febrero de 2019

La Audiencia Provincial de Barcelona condena a un centro escolar por no haber controlado debidamente las inasistencias al comedor de una alumna con trastornos alimenticios

febrero 15, 2019 0

La Sección nº 16 de la Audiencia Provincial de Barcelona, en su Sentencia nº 522/2018 de 7 de diciembre de 2018, ha condenado a un centro escolar por no haber controlado debidamente las inasistencias al comedor escolar de una alumna que sufría trastornos alimenticios.

En concreto, la Audiencia Provincial aclara que si bien no se puede imputar al centro escolar la problemática del trastorno alimenticio al no haber quedado acreditado el acoso que la demandante considera detonante del trastorno ni tampoco la demora negligente del colegio en la comunicación a la familia del problema detectado, lo que sí ha podido ser acreditado ha sido la negligencia de la entidad demandada en cuanto al cumplimiento del contrato, ya que las medidas de control de asistencia al comedor llevadas a cabo por el colegio (sistema de reconocimiento de huella dactilar, que posteriormente pasó a reconocimento facial en la entrada y profesores que vigilaban el normal desarrollo del almuerzo y el buen orden del comedor) se revelaron insuficientes. 

El referido motivo fundamentó la estimación parcial del recurso de apelación y finalmente se fijó en 4.000 € la indemnización que el centro escolar deberá abonar a la demandante, por los daños patrimoniales y morales causados.

Fuente: jurisprudencia.

jueves, 14 de febrero de 2019

Suspendida una funcionaria de prisiones por su noviazgo con un preso

febrero 14, 2019 0

Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelon aha confirmado la suspensión de empleo y sueldo de una funcionaria de prisiones al constatarse que mantenía, desde hace cuatro años, una relación sentimental con un preso (puede consultar aquí la sentencia). Eso sí, la sentencia rebaja la sanción impuesta por la Consejería de Justicia autonómica de tres años a uno, al no haberse demostrado ningún problema de seguridad ni de orden en el centro penitenciario.

La resolución sancionadora, confirmada parcialmente por el juez, considera que se produjo “el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas”. Una conducta que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) califica como “muy grave”.

Según la administración penitenciaria, en el marco de dicha relación sentimental, la funcionaria llegó a encerrarse en un despacho con un preso, extremo que la trabajadora niega. El juez, no obstante, considera indiferente que ambos mantuvieran relaciones sexuales y determina que la existencia del noviazgo (ella sí admitió la relación sentimental) es suficiente para considerar que ha habido un “incumplimiento de las funciones esenciales” de la empleada pública.

En este sentido, la sentencia asevera que es “indiscutible la inseguridad que genera el hecho de que sea precisamente un funcionario público de Instituciones Penitenciarias quien mantenga una relación sentimental tan prolongada en el tiempo con un interno, independientemente de que haya habido o no relaciones sexuales”. Rechaza así, por lo tanto, la alegación de que se había vulnerado el principio de tipicidad, porque en ninguna norma se establece que una relación vulnere las funciones de una empleada pública.

De forma subsidiaria, el tribunal también rechaza considerar lo sucedido como “negligencia” o “descuido”, lo que permitiría rebajar la calificación de la conducta a falta leve. No es admisible, “teniendo en cuenta el prolongado tiempo que se mantuvo esa relación”, lo que “compromete la imparcialidad y objetividad en el trato a los internos”, concluye.

Fuente: Cinco Días

miércoles, 13 de febrero de 2019

Condenado a un año y siete meses de cárcel el exconsejero delegado de Banco de Valencia por administración desleal

febrero 13, 2019 0

El Juzgado Central de lo Penal ha condenado a un año y siete meses de cárcel por un delito continuado de administración desleal al exconsejero delegado del Banco de Valencia D.P. en relación con la concesión préstamo promotor a la sociedad Pegoliva SL dirigido a la construcción de viviendas “en perjuicio de los intereses” de la entidad bancaria.
En una sentencia, el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrrubia impone la pena solicitada por la Fiscalía para el acusado, a quien le aplica las atenuantes de reparación del año, al haber ingresado 330.00 euros, y de confesión, por haber reconocido los hechos durante el juicio celebrado a finales del pasado mes de enero.
El fallo señala que D.P. deberá indemnizar al FROB y, en su defecto a Caixabank como sucesor del Banco de Valencia, en forma conjunta y solidaria con los responsables a título lucrativo, en la suma de 395.000 euros para la reparación del año derivado del exceso de disposición de los tramos establecidos en el préstamo al promotor, más otros 114.525 como cantidad que resta por recuperarse de un préstamo ICO, lo que hace un total de 509.525 euros a los que se añadirán los intereses correspondientes.
La resolución condena en condición de terceros a título lucrativo a la sociedad Pegoliva SL y subsidiariamente a otros tres acusados, con responsabilidad solidaria entre ellos, a que paguen al FROB o, en su defecto a la entidad Caixabank, los 509.525 euros más los intereses. De dicha cantidad, indica, se deducirán los 330.000 euros pagados por D.P., por lo que la cantidad a satisfacer queda en 179.525 euros.
El magistrado relata que D.P. ocupó el cargo de consejero delegado del Banco de Valencia desde julio de 1994 hasta octubre de 2001, cuando fue cesado. Dicha entidad bancaria, explica, concedió el 27 de septiembre de 2007 a la sociedad Pegoliva SL un préstamo promotor por importe de 4.910.429 euros dirigido a la construcción de 25 viviendas y sus anejos y a posibilitar las ventas y subrogación de los futuros adquirentes.
Actuación en perjuicio de los intereses del banco
En el marco de dicho préstamo, afirma, “realizó unilateralmente y en perjuicio de los intereses de la entidad bancaria disposiciones de fondos por encima de los estipulado y en contra de los criterios del Departamento de Riesgos, así como autorizó personalmente un préstamo ICO prescindiendo de las garantías personales exigidas por el citado Departamento que hubieran posibilitado su recobro, en claro detrimento de los intereses del Banco de Valencia”. Añade que tanto el préstamo inicial como el préstamo ICO quedaron impagados.
Indica el magistrado que tanto D.P. como su mujer, ya fallecida, estaban vinculados económicamente con las sociedades que finamente se beneficiaron de los fondos obtenidos mediante este préstamo (Edioliva Promociones SL y Mapose SL) y, mantenían una relación de amistad previa a los hechos con la familia P.S., propietarios de la sociedad prestataria Pegoliva SL.
La sentencia describe toda la operativa y señala que entre los años 2007 y febrero de 2011 Pegoliva SL dispuso de 4,4 millones de euros del préstamo promotor. En un primer momento, prosigue, las disposiciones se realizaron conforme a los estipulado y autorizado por el Comité de Riesgos, solventándose los problemas de liquidez de la sociedad como consecuencia de la ausencia de ventas de la promoción conforme a los cauces normales de contratación bancaria, sin que conste actuación unilateral de ningún directivo del banco al respecto.
Por el contrario, apunta, a partir de noviembre de 2010, D.P., utilizando los poderes de que disponía como consejero delegado, realizó una serie de actuaciones “contraviniendo los criterios de Riesgo de los Departamentos correspondientes, en contra de los intereses de la entidad bancaria y en beneficio tanto de la empresa prestataria a la que le unían intereses económicos y de amistad, como de sí mismo y de su esposa”.

Fuente: Consejo General del Poder Judicial
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martes, 12 de febrero de 2019

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera accidente laboral el asesinato de un hombre en su puesto de trabajo

febrero 12, 2019 0

La Sentencia núm. 2037/18 de 19 de septiembre de 2018, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha calificado de accidente laboral el asesinato de un hombre en su lugar de trabajo, confirmando así la sentencia dictada en primera instancia.

En cuanto a la normativa aludida, la Sala afirma que el artículo 115 de la LGSS, actual artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 octubre que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece en su apartado 5.b), que no impedirá la calificación de un accidente como de trabajo la concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo. 
Así pues, el Fundamento Jurídico Cuarto de la sentencia apunta que, si bien la existencia del doble crimen perpretado no puede obviarse, “no sólo no ha quedado acreditada la existencia de un hecho ajeno al trabajo, sino al contrario, el hecho de que la esposa del autor del crimen fuera empleada del difunto, indica que la acción criminal guarda relación con el trabajo; y el hecho que a su vez consta probado de que el autor del crimen presionara en días previos a la víctima para que despidiera a su esposa y éste no lo hiciera, tiene conexión directa e inmediata con el trabajo”. Por este motivo, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestima el recurso presentado por la mutua recurrente y confirma la Sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Almería de fecha 16 de junio de 2017 que estimaba a su vez las pretensiones de la entonces demantante, viuda de la víctima, y revocaba la resolución administrativa impugnada en instancia, por haberse declarado el carácter profesional de la contingencia de la pensión de viudedad, y condenando a la mutua entonces demandada al abono de las prestación que resultara sobre una base reguladora de 879,33 euros mensuales, con fecha de efectos del día 1 de junio de 2015.

Fuente: Consejo General del Poder Juicial y elaboración propia.

lunes, 11 de febrero de 2019

La Agencia Tributaria vigila a los "influencers"

febrero 11, 2019 0


La Agencia Estatal de Administración Tributaria recoge un año más en su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019 el exigente desafío de perseguir los nuevos modelos de actividad económica surgidos en torno a las nuevas tecnologías.

En la actualidad, es ya una realidad instaurada la existencia de una nueva forma de marketing y publicidad según la cual las compañías, valiéndose de redes sociales (Instagram, Facebook, etcétera.), influencers, canales de Internet o plataformas virtuales, consiguen una importante inclusión comercial, no siempre acompañada de la correcta tributación.

La promoción de productos a través influencers que exhiben los "regalos" recibidos de las marcas en sus redes, se muestra como una actividad aparentemente desinteresada. Sin embargo, la Agencia Tributaria la viene considerando desde el año 2018 como una actividad económica ejercida con continuidad y por cuenta propia, obligando en consecuencia a regularizar la situación tributaria de aquellos influencers que no han cumplido con las correspondientes obligaciones tributarias.

¿Cuáles son esas obligaciones tributarias? No existe una norma fiscal que regule específicamente la publicidad en redes sociales. Y es que, más allá de lo complicado de su control por parte de la Agencia Tributaria, la tributación derivada de este tipo de actividad en nada se diferencia de la desarrollada por cualquier persona física por cuenta propia.

La obligación de partida se identifica con el alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) a través de la correspondiente declaración censal. Nótese que las obligaciones en el IAE para las personas físicas solo tienen una virtualidad formal, pues no se derivará ninguna tributación efectiva por dicho Impuesto al encontrarse éstas exentas de su pago.

Los ingresos obtenidos en metálico o en especie (y aquí se incluirían esos "regalos" recibidos para su exhibición) deberán ser consignados, sin excepción, por los influencers en su Impuesto sobre las Renta de las Personas Físicas (IRPF) como rendimientos de actividad económica. El valor de la retribución en especie (es decir, de los "regalos") será su valor normal en el mercado. No resultará difícil de identificar ya que los productos publicitados se encuentran normalmente ofrecidos para la venta en general. Surge aquí una importante obligación para las marcas que se decantan por esta nueva forma de publicidad que es la de practicar retenciones e ingresos a cuenta sobre las cantidades abonadas o en relación con los "regalos" entregados. El empresario deberá ingresar en la Agencia Tributaria, a través de la autoliquidación correspondiente, el 15% (o el 7% en el caso de nuevos profesionales) de las cantidades satisfechas en metálico o del valor de mercado de los "regalos". La falta de retención e ingreso a cuenta dará lugar a posibles liquidaciones y sanciones para las marcas, ya que la Ley del IRPF hace recaer dicha obligación sobre el pagador de las rentas, esto es, sobre las empresas que pagan a los influencers o les entregan regalos.

Surgen además obligaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y a efectos de facturación, ya que la prestación de servicios de publicidad y relaciones públicas se encuentra sujeta a IVA.

El rastro de estas operaciones por parte de la Agencia Tributaría no resultará tan complicado como parece si se acude directamente a las marcas, quienes tienen registros contables de todas las cantidades abonadas o de las existencias entregadas, pudiendo derivarse consecuencias directas para ambas partes. Además, no puede obviarse lo público de la actividad analizada.

Lo anterior se confunde muchas veces con las obligaciones que surgen en materia de seguridad social. A este respecto el Tribunal Supremo ha confirmado que cuando no se supera el umbral del salario mínimo en un año natural, los profesionales no resultan obligados al alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Nada impide, por tanto, cumplir con las obligaciones formales en el IAE, de ingreso y facturación en el IRPF e IVA, y no cursar alta en el régimen de la seguridad social previsto para los trabajadores por cuenta propia. Lógicamente, en caso de superarse el umbral, resultará obligatorio el alta en autónomos, aunque en la actualidad existen importantes bonificaciones en la cuota para las nuevas altas.

Como ha ocurrido siempre, ante las nuevas formas de negocio, surgen asesores que proponen formas para reducir la carga fiscal. En este sector la tendencia consiste en proponer la creación de sociedades o un cambio de residencia fiscal a países con tributación inferior.

Respecto de la primera idea (constituir una sociedad), se debe señalar que la Agencia Tributaria ha incluido como prioridad en el Plan de Control Tributario de 2019 la de revisar la utilización de formas societarias cuya única significación económica sea la de servir como instrumento para canalizar rentas de personas físicas. En el caso de los influencers normalmente no existe justificación para la creación de una sociedad, ya que no suelen existir más medios materiales ni humanos que la labor desarrollada por el propio profesional encargado de la publicidad del producto o servicio.

Sobre el cambio de residencia, hay que apuntar que, aunque bastará con residir de manera efectiva más de 183 días en otro país -de acuerdo con la reciente doctrina del Tribunal Supremo que impide acudir a criterios subjetivos o al centro de intereses económicos o vitales para la determinación de la residencia habitual-, la prueba de lo anterior deberá realizarla el influencer en caso de comprobación por parte de la Administración. Por tanto, el cambio de residencia deberá estar debidamente planificado y documentado, para evitar importantes consecuencias.

Las obligaciones tributarias anteriormente previstas no escapan a los menores que realizan tareas publicitarias. Esto es algo muy frecuente, ya que las redes sociales están plagadas de marketing relativo a productos de bebés, niños, adolescentes etc. Y cualquier persona puede darse de alta para ejercer la actividad económica, con independencia de su edad, debiendo cumplir las obligaciones tributarias antes expuestas, la única particularidad es que debe ir acompañada de la autorización de los padres o tutores y que la declaración de la renta del IRPF podrá realizarse de forma individual o conjunta con sus progenitores (con la incidencia en la aplicación de las reducciones de mínimo por descendiente y en las reducciones por tributación conjunta que pudieran resultar y que deberán ser objeto de valoración).

En conclusión, la actividad de publicidad realizada a través de las redes sociales está siendo entendida por la Administración como una actividad económica sujeta a tributación y, en este sentido, la Agencia Tributaria a través de su Plan de Control Tributario anuncia que perseguirá la elusión fiscal que opera en este sector.

Fuente: Expansión

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viernes, 8 de febrero de 2019

Un Ayuntamiento es condenado a indemnizar a varios vecinos por el ruido de las fiestas patronales

febrero 08, 2019 0

El TSJ Madrid en sentencia 704/2018, de 22 de noviembre (Rec. 201/2018) rechaza eliminar la indemnización reconocida en la instancia a unos vecinos por la ubicación y desarrollo de las fiestas patronales en la puerta de su vivienda, y aunque también rechaza la petición de que las sucesivas fiestas patronales u otras organizadas por el Ayuntamiento, tengan lugar en una ubicación adecuada, distinta a la de su domicilio, insta al Ayuntamiento a adoptar las medidas necesarias para asegurar que los niveles de ruido, en tales eventos, no superan, en momento alguno, los límites legalmente establecidos.

La cantidad, prudentemente fijada en 500 euros por día, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid, resulta razonable y ajustada a la intensidad del ruido padecido porque las mediciones arrojaron resultados de casi el doble de los valores normativamente permitidos, ello aun cuando los afectados no estuvieran en sus domicilios durante todos los festejos, porque ante un nivel de ruido intolerable es lógico que decidieran abandonar sus viviendas.

El Tribunal da en parte la razón al Ayuntamiento y rebaja la cuantía de la indemnización reconocida a uno de los vecinos porque el solo hecho de padecer epilepsia no permite presumir que sus padecimientos fueran mayores.

Sobre la pretensión de que se reconozca del derecho a que la celebración de próximas y sucesivas fiestas tenga lugar en ubicación adecuada, y a que se prohíba la instalación de casetas, carpas, escenarios u otras estructuras o instalaciones similares, explica la sentencia que no se puede acceder a tal pretensión porque no pueden los Tribunales inmiscuirse en el ámbito de la actuación administrativa, so pena de invadir la discrecionalidad reconocida a la Administración Local.

No obstante instan al Ayuntamiento a instaurar las medidas necesarias para asegurar que los vecinos no sufran inmisiones sonoras que superen los niveles de ruido permitidos, porque la Administración no puede menoscabar el derecho de los ciudadanos a no ser sometidos a unos niveles de contaminación acústica superiores a los límites legalmente establecidos.

Fuente: Noticias Jurídicas

jueves, 7 de febrero de 2019

El añejo sector inmobiliario empieza a digitalizar sus ladrillos

febrero 07, 2019 0

Sol, golf, piscinas, trasteros y pistas de garaje, vistas al mar y “un entorno privilegiado”. A priori, poca innovación tecnológica puede haber en otra promoción inmobiliaria más en la costa española. Metrovacesa vende 205 viviendas en Pulpí (Almería) de la promoción Birdie&Falcon, y el escaparate es el de siempre. Pero en la trastienda están pasando muchas cosas: se trata de una transacción tokenizada en blockchain, uno de los primeros intentos de cambiar muchas de las reglas del juego del sector utilizando la cadena de bloques.

La CNMV advierte de 14 presuntos 'chiringuitos', algunos ligados a criptodivisas y 'tokens'

La tokenización consiste, básicamente, en la transacción en blockchain de tokens, es decir, de unidades digitales emitidas de forma privada, que representan un valor o un derecho y que están protegidas por claves criptográficas. Según los creyentes en la token-economía, llegará un punto en el que los tokens nos permitirán dividir, con todos los efectos, lo que hasta ahora es indivisible (por ejemplo, la propiedad de una casa, algo muy útil para divorcios y herencias conflictivas); y comercializar lo que ahora es incomercializable, como el tiempo en el que no utilizamos nuestro coche o la capacidad de procesamiento de nuestros equipos informáticos.

La regulación provoca que, al menos a priori, el sector inmobiliario no sea el más adecuado para la tokenización. Pero ya hay casos reales de transacciones. El pasado otoño se produjo en Estados Unidos una operación de importancia: la conversión en tokens del 18,9% de un hotel en Aspen, Colorado, por 18 millones de dólares. Y actualmente, desde 21.000 dólares, se pueden adquirir tokens de una residencia estudiantil de lujo junto a la Universidad de South Carolina.

En el caso de Birdie&Falcon, lo que Metrovacesa está tokenizando son 73 viviendas de una promoción que alcanza las 205 propiedades, pero no estrictamente para su venta, sino con el objetivo de acelerar procesos y ganar eficiencia con vistas a operaciones con fondos internacionales. “Este tipo de promociones son especialmente interesantes para los inversores árabes, pero normalmente hasta que llegas a ellos tienes que pasar por tres o cuatro intermediarios”, explica Carmen Chicharro, directora de innovación de Metrovacesa, que cuenta en este proyecto con la colaboración de la startupde blockchain BrickEX y la firma de servicios profesionales Grant Thornton.

Para mejorar los procesos, Metrovacesa “digitaliza la preventa” en la red pública de blockchain de Ethereum, con dos tipos de tokens. Los primeros se utilizan fundamentalmente para formalizar el interés; si el proceso sigue avanzando, entra en juego un segundo tipo de tokens, cuya ejecución depende de smart contracts (precisamente el punto fuerte de Ethereum). Funcionan como las cuentas escrow, también llamadas de fideicomiso, en las que comprador y vendedor obtienen garantías mutuas mediante la intermediación de una tercera parte neutral. En este caso, los inmuebles quedan bloqueados para el inversor mientras se verifican todos los datos y el cumplimiento de toda la regulación para la Prevención del Blanqueo de Capitales.

El proceso digital, ya en funcionamiento, termina en el despacho del notario, pues la regulación no permite ir más allá. En la tradición del derecho romano, a diferencia de lo que sucede en los países anglosajones, los notarios son difícilmente sustituibles, y no se limitan a dar fe de la autenticidad de una firma. 

Así que, como comenta Jeroen de Leijer, CEO de BrickEX, al no poder tokenizarse el documento de propiedad, “se trabaja en un mundo paralelo, en el que hay que diferenciar entre la propiedad legal y la propiedad económica”. “Se agiliza el compliance, reflejando en la cadena de bloques el mundo que está fuera de la cadena de bloques. Pero ni blockchain ni ninguna tecnología exime de cumplir la regulación”, explica Luis Pastor, socio de consultoría e innovación en Tecnologías de la Información de Grant Thornton. “Este proyecto una apuesta a largo plazo”, concede Chicharro.

Ese es de momento el punto débil de esa tokenizacióndel sector inmobiliario, que en España ya siguen atentamente tanto los notarios como el Colegio de Registradores, que forma parte de Alastria, el principal consorcio empresarial para fomentar el uso de la cadena de bloques. Pero al menos, todos los negocios inmobiliarios sustentados con blockchain tienen a priori una gran ventaja: los tokens no representan, como suele suceder, una promesa expresada en código informático sino algo tan tangible como un chalé en la playa o una habitación de hotel.

Puede que no sea suficiente para comprar pisos utilizando la cadena de bloques (tampoco lo hacemos por internet), pero sí para mejorar la eficiencia del negocio inmobiliario.

miércoles, 6 de febrero de 2019

IVA e IRPF en la prestación de servicios gratuitos a familiares y amigos por un abogado

febrero 06, 2019 0

La consulta V3236-18 de fecha 19/12/2018, de la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas resuelve la duda de una abogada por cuenta propia que va a prestar servicios de forma gratuita a un amigo o familiar y además, indica la consultante que ocasionalmente condiciona sus honorarios al resultado del pleito. En concreto, pregunta si su actuación está sujeta a IVA y si se debe declarar alguna cantidad en concepto de IRPF.

En lo que al IVA respecta, la consulta hace alusión a los artículos 4, 5, 11 y 12 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, LIVA). Concluye la Subdirección General diciendo que si la prestación de servicios efectuada a título gratuito por el consultante no se realizó para los fines propios de su actividad y concurre el supuesto planteado por el segundo párrafo del número 7º de la LIVA, de modo que se limite a prestar el mismo servicio recibido de terceros y no tuviera el derecho a deducir total o parcialmente el IVA soportado, se encontrará no sujeta. En caso contrario, el servicio se encontraría sujeto por tratarse de una operación asimilada a las prestaciones de servicios en su condición de autoconsumo de servicios.

En cambio, en relación con aquellos servicios en los que la remuneración está condicionada al resultado del pleito y en los que finalmente no se percibe cantidad alguna en concepto de honorarios, afirma la Subdirección General que estos se dirigen a la captación de clientes en un mercado competitivo por lo que, de acuerdo con la normativa vigente, estas operaciones van dirigidas al mejor cumplimiento de los fines empresariales propios de la consultante. En definitiva, el servicio de asesoramiento en las condiciones mencionadas ha de considerarse, bajo el criterio de la Subdirección, como un tipo de servicio que sirve primordialmente a los fines de la empresa por lo que ha de considerarse al margen del supuesto de autoconsumo a que se refiere el apartado 3 del artículo 12 LIVA.

En lo que respecta al IRPF, concluye la Subdirección General que en el caso de que la consultante preste servicios a familiares o amigos de forma gratuita, se considerará como ingreso el valor en el mercado de tales servicios, a tenor de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 28 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.






martes, 5 de febrero de 2019

El TSJ de Galicia confirma la pena de prisión permanente revisable impuesta al parricida de Oza-Cesuras

febrero 05, 2019 0

La Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha confirmado la condena de prisión permanente revisable que la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, le impuso al hombre que asesinó a su hijo de once años en Oza-Cesuras en mayo de 2017. La sentencia considera acreditado que el acusado no aceptó la decisión de su exesposa de separarse de él en 2009 y cometió el crimen “con la intención de causarle el mayor sufrimiento psíquico posible".

Los magistrados han rechazado, tal y como demandaba la defensa del sospechoso, que el condenado se encontrase bajo los efectos de un brote psicótico cuando golpeó a su hijo con una pala de obra en la cabeza. El TSXG señala que los hechos probados “se avienen francamente mal con esa locura en la que tanto insistieron los peritos que han declarado a propuesta de la defensa”. Los jueces tampoco han tenido en cuenta la atenuante de reparación del daño que pedía la defensa. Así, recuerdan que por “los antecedentes y sucesión de los hechos”, el jurado consideró probado que la intención del acusado era la de provocar en su exesposa y madre de su hijo “el mayor sufrimiento posible”, por lo que no estimaron “relevante” el hecho de que condujese a los agentes al lugar donde se encontraba el cadáver.

El fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña, que ha sido ratificado por el TSXG, considera al parricida autor de un delito de asesinato con alevosía, ya que la víctima era menor de 16 años, con la agravante de parentesco y de género, en concurso medial con un delito de lesiones psíquicas a su exmujer. El tribunal también le impuso la prohibición de aproximarse a menos de 1.500 metros de su exesposa y de comunicarse con ella por cualquier medio durante cinco años más que la duración efectiva de la pena de prisión permanente revisable. Contra la sentencia del TSXG que confirma la de instancia cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Planas defiende una financiación suficiente para la PAC y la continuidad de los apoyos al sector vitivinícola entre 2021-2027

febrero 05, 2019 0

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado, ante el comisario de Agricultura y Desarrollo, Phil Hogan, la necesidad de que la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027 cuente con, al menos, el mismo presupuesto que en la actual programación para hacer frente a los nuevos retos sociales, económicos y medioambientales.

Planas ha visitado La Rioja, junto al comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, acompañados por el presidente autonómico, José Ignacio Ceniceros, para conocer las iniciativas que se están llevando a cabo dentro del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020, así como la realidad del sector agroalimentario riojano.

Ha advertido de que 6 de cada 10 agricultores y ganaderos españoles se van a jubilar entre 2020 y 2030. El reto nacional, ha apuntado, es conseguir que se produzca el necesario relevo generacional, además de lograr la incorporación progresiva de la mujer para revitalizar el conjunto del medio rural y conseguir hacer frente a la despoblación.

La preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático son otros de los desafíos que tienen que afrontar agricultores y ganaderos y en los que la digitalización del sector, la innovación y la apuesta por I+D+i juegan un papel interesante.

Ha valorado el reciente acuerdo entre el Ministerio y las autonomías para comenzar ya la redacción del Plan Estratégico nacional que es "la gran novedad de la próxima PAC" para situar los objetivos, las necesidades, las respuestas y las intervenciones "que queremos dar desde España" para apoyar el desarrollo del sector agroganadero español y situarlo a la vanguardia.

España tiene ante sí una tarea "muy importante" y "tendremos que ponernos de acuerdo el conjunto de las comunidades autónomas, las organizaciones y el Gobierno" para definir el diseño del modelo de aplicación para España. Es un reto clave en el que la agricultura profesional, la agricultura familiar, que constituye "el núcleo central" del sector, debe ser un objeto prioritario de apoyo.

El ministro ha acogido "muy positivamente" y como una "excelente noticia" la propuesta de la Comisión Europea de continuar con el plan de apoyo al sector vitivinícola en el periodo 2021-2027, puesto que se trata de una herramienta "muy importante" desde el punto de vista de la promoción, de la modernización y de la innovación del sector".

Respecto al "brexit", Planas ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que hay una "perfecta coordinación" entre el Gobierno y la Comisión Europea. Además, ha recordado que el Gobierno tiene un plan de contingencia para el conjunto de los sectores, entre ellos, el sector agroalimentario y el pesquero.

El ministro al inicio de la visita ha mantenido, con Hogan y Ceniceros, un encuentro con representantes del sector agrario de La Rioja. Tras la reunión, se han dirigido a Bodegas Corral, en Navarrete, que es uno de los 5 socios del grupo operativo FITODEP, que ha desarrollado un sistema de depuración de aguas procedentes del lavado de equipos de aplicación de fitosanitarios, para evitar la contaminación de estas aguas.

También han conocido de cerca, en Tricio, la labor que realiza el Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural (CEIP), que es un ejemplo de los grupos de acción local (GAL) que desarrollan medidas de desarrollo rural LEADER y que apoyan proyectos emprendedores, de pequeñas infraestructuras y que contribuyen a diversificar la economía y a mejorar la calidad de vida del medio rural.

España destina el 9 % de todo el presupuesto de los Planes de Desarrollo Rural (PDR) a esta medida LEADER, que es casi el doble del mínimo del 5 % exigido por el reglamento europeo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Los 17 PDR de las autonomías tienen programadas esta medida con un gasto público de 1.181 millones de euros para el periodo 2014-2020. El Ministerio cofinancia esta medida en los PDR.

El sector aporta el 4,5 % del PIB de La Rioja, su producción agraria genera cerca de 600 millones de euros y genera 7.300 empleos. Datos a los que hay que añadir los 1.968 millones de euros de facturación y los más de 6.900 empleos de la industria agroalimentaria.

El sector vitivinícola tiene una gran importancia para la autonomía. La Rioja es la segunda mayor productora de vino tinto de España y la Denominación de Origen Calificada Rioja es la que más vino comercializa bajo el paraguas de una indicación de calidad, con el 23 % en volumen y el 24 % en valor.

La Rioja recibe cada año entre 15 y 17 millones de euros a través del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE).

lunes, 4 de febrero de 2019

Las horas extra no pagadas impiden crear 74.000 empleos

febrero 04, 2019 0

Los asalariados en España realizan cada semana un total de 2.962.000 horas extraordinarias que no son remuneradas por sus empresas, lo que supone que las compañías se ahorren el pago de 74.050 empleos a tiempo completo (40 horas) que cubren con horas sin pagar. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el cuarto trimestre de 2018 se realizaron 2.962.000 horas extraordinarias no remuneradas, que suponen un 8,3% más que en el mismo periodo de 2017, cuando se realizaron 2.734.900. En comparación con el trimestre anterior, las horas no pagadas repuntaron un 18,2%.

De esta manera, las horas extra no pagadas se acercan a los tres millones que alcanzó en la última ocasión en el cuarto trimestre de 2015 (3.214.600 horas). Este tipo de horas son, desde el segundo trimestre de 2017, menos frecuentes que las pagadas, que sumaron 3.473.000 horas entre octubre y diciembre del pasado año. Por género, los hombres realizaron más horas extra no remuneradas —1.886.700— que las mujeres, que hicieron 1.075.300. 

Esta es la tendencia habitual desde que empieza la serie histórica que considera el INE, en 2008. 

El sector en el que las empresas se 'ahorran' más puestos de trabajo a tiempo completo gracias a estas horas extra es el comercio al por mayor y al por menor, y la reparación de vehículos de motor y motocicletas, con más de 11.200 empleos (11.268) de 40 horas semanales. A continuación, se sitúan la industria manufacturera, con algo más de 8.600 (8.678); la hostelería, con 8.075 empleos; y actividades profesionales, científicas y técnicas, con 7.048. 

En suma, en el cuarto trimestre de 2018 los asalariados realizaron 6.435.000 horas extraordinarias, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior. De estas, el 46% no fueron pagadas.

Fuente: 20 minutos
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