Ofrecía sus servicios de rotulación y publicidad, actividad concurrente con la que realizaba en la empresa, en la red social Facebook, y aunque los realizara una vez finalizada su jornada laboral semanal, lo tenía absolutamente prohibido en su contrato de trabajo conforme al art. 21 del ET. Incluso en una ocasión contrastada lo hizo con la ropa y con las herramientas de trabajo proporcionadas por la empresa.

Según se imputa en la carta de despido, realizaba trabajos de servicios publicitarios en el mismo mercado en el que actúa la empresa, imposibilitando con ello que la propia empresa los ejecutara respecto a su potencial cliente. Además, ofertaba los trabajos a precios muy reducidos en comparación con los precios que ofertaba la empresa.

Aunque se ha constatado que han sido varios los años durante los cuales se ha publicitado, solo ha quedado probado la realización de un servicio, la colocación de un cartel publicitario en un local comercial. Un local que podría haber sido perfectamente un cliente de su empleador. Ello ya es suficiente para que el despido sea válido.

Y efectivamente no se puede comprobar el carácter retribuido de los trabajos que el despedido realizaba a espaldas de la empresa, pero sí debe presumirse que lo fueron. Porque para el juzgador, es bastante improbable que se realicen servicios a título de amistad o buena vecindad cuando además de la mano de obra, el trabajador aporta materiales, y por ende no se puede presumir como realizada a título gratuito, máxime si como en el caso, se corresponde con la actividad que ofertaba a través de Facebook.

Rechaza también el TSJ no fueran cumplidos los tramites que para el despido exige el Convenio colectivo aplicable, al contrario, al cumplimiento de tales requisitos se alude en la propia carta de despido y el propio trabajador en su demanda reconoce que existió una entrega de pliego de cargos, así como una contestación al mismo, con denuncia de vulneración del derecho a la intimidad.

Fuente: Noticias Jurídicas

Una empresa no puede alegar la inexistencia formal de un puesto de trabajo para no pagar más al empleado que realiza funciones superiores a las de su cargo. Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia en la que estima la demanda interpuesta por un trabajador, y le reconoce su derecho a recibir el salario correspondiente a las tareas desempeñadas y no el que le correspondería por su categoría profesional.

La resolución, que anula los fallos anteriores que dieron la razón a la empresa, asevera que el derecho del trabajador a que se le abonen estas cantidades extra no puede condicionarse “a la existencia de plazas en plantilla”. Además, reitera que la compañía tiene la obligación de adecuar en todo momento la configuración de su relación de puestos de trabajo “a la situación real en la que se encuentra”.

Desidia empresarial

El demandante prestaba sus servicios en la empresa pública Sociedad Municipal de Aguas de Burgos en calidad de oficial administrativo. Tras una reorganización de la plantilla, su jefe ascendió un puesto, asumiendo otras tareas, y él pasó a desempeñar las funciones de su superior, pero cobrando el mismo sueldo que hasta la fecha. Una actuación que critica el tribunal, que reprocha a la compañía su “desidia” por no adecuar su relación de puestos de trabajo a la nueva situación. “No resulta de recibo” que esta actitud perjudique al trabajador, asevera.

Los magistrados recuerdan que el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores consagra el derecho a percibir la retribución correspondiente a las tareas que efectivametne realicen. De no ser así, “se estaría produciendo un enriquecimiento sin causa” por parte de la empresa. Dicho precepto, señalan, ha sido aplicado “incluso en supuestos en los que el trabajador no ostentaba el título exigido” para obtener el reconocimiento de la categoría.

El Supremo considera que condicionar una mayor remuneración a la existencia de una plaza de categoría superior “supone una situación de auténtico fraude”. Y es que se permitiría cubrir una necesidad laboral con un trabajador menos cualificado y por menos dinero. Por ello, la Sala condena a la compañía a abonar al trabajador 12.000 euros, diferencia entre lo que efectivamente cobró y lo que debería haber percibido si le hubieran reconocido la categoría que le correspondía.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y la ocupación, cuyo objetivo es eliminar la brecha salarial y garantizar el derecho de trabajadores y trabajadoras a la conciliación y la corresponsabilidad.

El Real Decreto-ley amplía los permisos por nacimiento y cuidado del menor para equiparar progresivamente a ambos progenitores. Para el progenitor distinto a la madre biológica se prevé la ampliación a 16 semanas.

En las disposiciones transitorias del Real Decreto-ley se prevé que la ampliación será gradual: en 2019 hasta las 8 semanas; en 2020 hasta las 12 semanas y en 2021 hasta las 16 semanas.

Con esta equiparación se da un paso importante en la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y en la promoción de la conciliación de la vida personal y familiar y del principio de corresponsabilidad entre ambos progenitores, elementos ambos esenciales para el cumplimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.

Por otro lado, se establece un nuevo marco jurídico que da un paso más hacia la plena igualdad. En este sentido, recoge la reforma del Estatuto de los trabajadores para reforzar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, sin discriminación, y el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, en línea con lo establecido en la Recomendación de 7 de marzo de 2014 de la Comisión Europea.

Se introduce así en nuestro ordenamiento el concepto de 'trabajo de igual valor', es decir, cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes. El Real Decreto-ley establece que la empresa llevará un registro con los valores de los salarios, al que podrán acceder los trabajadores a través de su representación sindical o del delegado de personal.

En tercer lugar, se plantea la modificación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en relación a los planes de igualdad en las empresas. El Real Decreto-ley establece un plazo de tres años para que las empresas de más de 50 trabajadores elaboren y apliquen un plan de Igualdad, dos años para las de 100 a 150 y un año para las de 150 a 250. Hasta ahora solo era obligatorio para empresas con más de 250 trabajadores. Por otro lado, las empresas están obligadas a inscribir dicho plan en el Registro de planes de igualdad de las empresas, que se desarrollará reglamentariamente.

Finalmente, este Real Decreto-ley incluye también una medida de protección social de carácter extraordinario y urgente como es la recuperación de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General del Estado.

Los asalariados en España realizan cada semana un total de 2.962.000 horas extraordinarias que no son remuneradas por sus empresas, lo que supone que las compañías se ahorren el pago de 74.050 empleos a tiempo completo (40 horas) que cubren con horas sin pagar. 

Los taxistas madrileños continuarán este miércoles su cierre patronal iniciado hace diez días y volverán a concentrase ante las sede del PP nacional, en Génova, y de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, para exigir una regulación de los vehículos de transporte concertado (VTC).

Con la negociación estancada desde el viernes pasado, los representantes del sector del taxi madrileño presentarán hoy una nueva propuesta a la Comunidad, aunque ésta ya ha adelantado que sigue descartando la precontratación de los VTC por considerar que es una «línea roja» en la negociación que no rebasará.

Anoche, entre 2.000 y 3.000 taxistas, según fuentes de la Policía Nacional, se concentraron, por segundo día consecutivo, en la Puerta del Sol para exigir una regulación de los VTC.

Los concentrados, entre petardos, bengalas y pitos, corearon consignas contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido (PP), y otras como «Ni un paso atrás» o «Esta es una historia de puertas giratorias».

También quemaron alguna camiseta con la fotografía de Garrido y el logotipo del PP y lanzaron huevos.

El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, afirmó que «el PP quiere acabar» con el sector del taxi, y dijo que no se lo van «a consentir».

«¿Por qué la Comunidad de Madrid se niega a regular los VTC como han hecho otras regiones como Cataluña?», se preguntó Sanz.

Al término de la concentración en Sol, los taxistas se encaminaron hacia la estación de Atocha para seguir con las protestas.

El Ministerio de Fomento, de forma similar a la convocatoria de huelga que tuvo lugar a finales del mes de julio y septiembre de 2018, ha comunicado a Ryanair, Aena, Enaire y a los sindicatos convocantes SITCPLA y USO-STA, los servicios mínimos correspondientes a la convocatoria de huelga de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) para los próximos días 8, 10 y 13 de enero.

Estos servicios esenciales tienen como objetivo compatibilizar el interés general de los ciudadanos y en particular sus necesidades de movilidad, con el derecho de huelga de este colectivo de trabajadores.

Ryanair es la compañía que más pasajeros transporta en el mercado español, con una oferta que supera las 400 rutas desde España. Según la información aportada por la propia compañía, cerca de 1.900 trabajadores forman el colectivo que desempeña labores de TCP en las bases españolas.

Los servicios mínimos decretados, que aplican sobre las operaciones que la compañía ha declarado como afectadas por la convocatoria en el día de la huelga, son los siguientes:

a) Todos los servicios cuya hora de salida programada fuera anterior al inicio de la huelga y cuya llegada prevista se produzca en el periodo de huelga.

b) El 100% de los servicios domésticos de transporte de pasajeros de la compañía, para cada ruta con los aeropuertos de los territorios no peninsulares.

c) El 35%, redondeado por exceso, de los servicios de transporte de pasajeros de la compañía para cada ruta con ciudades españolas peninsulares cuyo medio alternativo de transporte público signifique un recorrido con un tiempo de desplazamiento inferior a 5 horas.

d) El 57%, redondeado por exceso, de los servicios de transporte de pasajeros de la compañía para cada ruta con ciudades españolas peninsulares cuyo medio alternativo de transporte público signifique un recorrido con un tiempo de desplazamiento igual o superior a 5 horas, y para cada ruta con ciudades extranjeras.

e) En su caso, los vuelos programados para el transporte de correo postal universal y productos perecederos, cuando éstos se efectúen con aeronaves dedicadas exclusivamente a carga.

f) Aquellas operaciones técnicas de posicionamiento y otras tales como la situación de tripulaciones necesarias para la realización efectiva de los servicios de transporte aéreo considerados como esenciales, los operados en los periodos entre jornadas de huelga y los posteriores a la finalización de la misma.

Se establece asimismo que la compañía Ryanair, así como las también afectadas Crewlink y Workforce a través de las cuales están empleados muchos de los trabajadores convocados, deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que estos servicios esenciales se presten en las condiciones habituales, manteniendo para ello el personal estrictamente necesario para cada periodo afectado por la convocatoria, salvaguardando en todo momento la seguridad.

Por último, la resolución establece que la compañía aérea deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar de forma estricta y rigurosa los derechos de los pasajeros afectados por la convocatoria de huelga, en particular, lo establecido en el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004.

Las multinacionales extranjeras tampoco les gusta el proyecto del Ministerio de Trabajo que obligará a los empleados a fichar a diario en sus centros de trabajo. La asociación Multinacionales por la Marca España, formada por 37 grandes grupos extranjeros, entre los que se encuentran Airbus, Facebook, Huawei, Siemens, BT, Google, Deloitte, EY o L´Oreal, entre otros, ha criticado duramente ese proyecto, en línea con lo expresado por las patronales empresariales CEOE o CEIM. “La asociación se posiciona en contra del control obligatorio de registro de jornada diario a los trabajadores porque considera que esta obligación no es compatible con el desarrollo de los nuevos modelos de trabajo de las sociedades más avanzadas basados en la flexibilidad laboral, la conciliación y el teletrabajo, ni con las demandas y necesidades actuales de los empleados”, recalca en un comunicado. El presidente de esta asociación, José María Palomares, ha instado a Trabajo a avanzar hacia un modelo que combine la estabilidad laboral con la movilidad interna y externa de los trabajadores y que permita crear empleos de calidad que generen una mayor productividad. “La flexibilidad laboral es clave para favorecer la competitividad tanto de las empresas como de los sectores de actividad”, recalca Palomares. Multinacionales por la Marca España subraya la importancia de las empresas que la componen y su influencia en términos de actividad y de empleo, con cerca de 3 millones de puestos de trabajo de forma directa e indirecta. “La resistencia ante la crisis de estas empresas ha sido mayor que la del conjunto nacional; no solo no han destruido empleo durante la crisis, sino que en un contexto de baja inflación salarial han sido capaces de incrementar los salarios”, remarcan.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado que el principal cometido del Gobierno es lograr un crecimiento sostenible y justo e inclusivo. Para ello, ha dicho, "es preciso abordar un conjunto de reformas estructurales del mercado de trabajo dirigidas a aumentar la población activa y ocupada, las tasas de productividad y la calidad en el empleo".

Primeras medidas y primeros resultados

La recuperación del Diálogo Social, "un instrumento necesario para encontrar soluciones pactadas, sensatas y operativas" ha permitido al Gobierno activar medidas encaminadas a conseguir eficiencia y equidad del mercado laboral.

En este sentido, ha valorado los resultados de la puesta en marcha del Plan Director por un Trabajo Digno, que desde su primera fase con el envío de 81.000 cartas, que afectaban a más de 131.000 trabajadores, cerca de 52.000 contratos temporales ya se han transformado en indefinidos, el 64,5% de los trabajadores afectados. Además se ha incrementado la jornada de 7.500 contratos, cifra que mejorará cuando se concluya la regulación del control de horarios.

Un acuerdo que ha sido bueno "para los trabajadores, para las empresas y va a ser muy bueno para las arcas de la Seguridad Social".

El aumento del SMI a 900 euros es a su juicio una medida que contribuye a garantizar la mejora salarial de las personas que trabajan, especialmente de las mujeres, que representan el 70% de quienes perciben el salario mínimo. Por ello, Valerio ha calificado la medida como "una acción positiva en clave de género".

Uno de los nuevos modelos laborales emergentes en España y otro países de Europa es el teletrabajo, el cual requerirá unas nuevas reglas del juego para que pueda ser realmente efectivo.

Sin embargo, el teletrabajo no es la única posibilidad, pues modelos más flexibles permiten adelantar o atrasar la hora de entrada y salida del trabajo.

Nuria Chinchilla, profesora del departamento de Dirección de Personas de la IESE y fundadora del Centro Internacional de Trabajo y Familia destaca la importancia de aprender a autogobernar nuestra vida en el caso del teletrabajo, para poder combinar trabajo y tiempo libre: lo que se traduce como "derecho a la desconexión". Un derecho que Francia inscribió en su código laboral en 2017, reconociendo el derecho de los trabajadores a no contestar llamadas de trabajo o emails fuera de su horario laboral.

En España fue AXA la primera compañía en reconocer este derecho a sus trabajadores: el derecho a la desconexión digital de sus trabajadores. No obstante, su cumplimiento es relativo, según explica Carmen Polo, directora de recursos humanos AXA España. Pues como indica Nuria Chinchilla, se requiere cierto autocontrol y no estar todo el día "enganchado al móvil".

La Seguridad Social ha presentado una nota oficial con todos los requisitos que deben cumplir los trabajadores por cuenta propia ante esta nueva obligación.

La obligación será efectiva a partir del día 1 de octubre de 2018 para todos los trabajadores autónomos que en esa fecha se encuentren en alta en los regímenes afectados.

A partir de entonces, los trámites con la Tesorería General de la Seguridad Social se realizarán a través de canales electrónicos: el Sistema RED (Remisión Electrónica de Datos), a través de la cual la persona autorizada actuará en representación del trabajador autónomo; la Sede Electrónica de la Seguridad Social, en donde se permite la gestión de la asignación o designación del número de afiliación (NAF) del trabajador autónomo a un autorizado RED.

Por otro lado, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, el trabajador autónomo podrá realizar directamente trámites con la TGSS a través de diversos servicios.

Para acceder a estos servicios, se deberá disponer de un sistema de autenticación, como el certificado electrónico emitido por la Seguridad Social o el DNI electrónico.

La nota oficial de la Seguridad Social recuerda que está a disposición de los trabajadores un teléfono de apoyo para la nueva adaptación: 901 50 20 50.

El Tribunal General de la Unión Europea ha condenado al Parlamento Europeo y al Banco Europeo de Inversiones por acoso psicológico a dos empleadas. La sentencia reconoce que las trabajadoras sufrieron acoso, culpa a las instituciones y les obliga a pagar una indemnización de 10.000 euros por daños y perjuicios. Además, les reprocha que no se abriera el perceptivo procedimiento disciplinario para aclarar los hechos.

Tal y como ha indicado el Tribunal, el concepto de "acoso psicológico" se aplica a toda conducta abusiva que se materialice mediante comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos que se produzcan de manera duradera, repetitiva o sistemática.

El primer asunto se refiere a la asistente de una eurodiputada, contratada para la recta final del mandato de la representante en el Parlamento. La eurodiputada solicitó la rescisión del contrato con su asistente porque ésta se había ausentado sin previo aviso y por su actitud irrespetuosa. La trabajadora solicitó asistencia en virtud del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, alegando que había sufrido acoso psicológico por parte de la eurodiputada, consistente en humillaciones, amenazas, muestras de desprecio, insultos y gritos. El Parlamentó desestimó la solicitud indicando que, aunque un "lenguaje duro era, en sí, lamentable", a veces resulta difícil no utilizarlo en el ambiente de trabajo estresante propio de la actividad parlamentaria.

El caso del Banco Europeo de Inversiones trata el acoso laboral sufrido por una empleada tras la incorporación de un nuevo director al órgano financiero. El directivo reestructuró el servicio en el que trabajaba la víctima, y disolvió el equipo del que ella era responsable. La empleada presentó una denuncia ante el BEI en donde se calificaba de acoso psicológico el comportamiento del nuevo director con ella. En concreto, le acusó de haber puesto fin "brutalmente" a su carrera, privándola de un puesto de responsabilidad y haber sufrido un trato denigrante. Alegó que le ocultaba información y que sufría un trato discriminatorio respecto de otro empleados.

El BEI reconoció parcialmente el acoso psicológico sufrido pero intentó tapar el incidente. De hecho, exigió silencio a la trabajadora, indicándole que el procedimiento "debía seguir siendo estrictamente confidencial", incluso en el interior de la entidad.

Por ello, el Tribunal General reprocha la decisión del Parlamento, indicando que incurrió en un error "manifiesto" en la apreciación de los hechos. En palabras del tribunal, el comportamiento de la representante parlamentaria resultó abusivo e "indigno de un miembro de la institución de la Unión". Asimismo, rechaza la gestión realizada por el BEI del asunto ahora destapado.

El Tribunal reconoce que las empleadas sufrieron acoso psicológico y condena a cada una de las instituciones a pagar una indemnización de 10.000 euros a las víctimas.