Impago de cuotas de gastos comunitarios si el deudor está domiciliado en otro país de la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una reciente sentencia (Sala Primera, sentencia de 8 de mayo de 2019,  Asunto C-25/18) en la que resuelve una cuestión que puede darse en la práctica en las comunidades de vecinos, más en concreto, en dónde habría que interponer la demanda para reclamar la deuda que ha sido generada por unos propietarios residentes en otro país. 

En su resolución, el TJUE interpreta el artículo 7.1 a) del Reglamento 1215/2012/UE, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, estableciendo que un litigio que tiene por objeto una obligación de pago derivada de un acuerdo de la junta general de propietarios de un inmueble en régimen de propiedad horizontal, que ha sido aprobado por la mayoría de sus miembros pero que vincula a todos ellos, pertenece a la esfera de la “materia contractual”, por lo que se podrá demandar al moroso ante el tribunal del país en el que deba cumplirse la obligación, pese a la regla general contenida en el artículo 4 del meritado Reglamento que fija la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado en cuyo territorio tiene domicilio el demandado. Sin embargo, este precepto también contiene excepciones, que la ley enumera de forma taxativa, y que, explica el tribunal, deben interpretarse restrictivamente.

El Tribunal señala que el litigio planteado en el asunto principal no tiene por objeto un derecho real inmobiliario, recogido en la letra c) del apartado primero del artículo 4 del Reglamento, sino una prestación de servicios, en el sentido de la letra b) del precepto referido. La acción de la que conoce el órgano jurisdiccional tiene por objeto, en palabras del propio Tribunal "la ejecución de una obligación de pago de la contribución de los interesados a las cargas del inmueble en el que tienen su propiedad y cuyo importe quedó fijado por la junta general de propietarios".

Sin embargo, precisa el TJUE, esta competencia no engloba la totalidad de las acciones relativas a los derechos reales inmobiliarios, sino únicamente aquellas que, al mismo tiempo, se incluyan en el ámbito de aplicación del Reglamento y estén destinadas, por una parte, a determinar la extensión, el contenido, la propiedad o la posesión de un bien inmueble o la existencia de otros derechos reales sobre ese tipo de bienes y, por otra, a garantizar a los titulares de esos derechos la protección de las facultades vinculadas a sus títulos

Por lo que se refiere a la regla de competencia especial prevista en el citado artículo 7.1 a), que establece que una persona domiciliada en un Estado podrá ser demandada en otro Estado, en materia contractual, ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda, el Tribunal de Justicia ha declarado que la celebración de un contrato no es un requisito de aplicación de esta disposición; en cambio, sí se exige que los demandados hayan asumido libremente una obligación jurídica respecto a otra. 

En conclusión: la demanda por la que se reclama una deuda contraída con la comunidad de propietarios es calificada como de materia contractual y por tanto, puede ser ejercitada en los tribunales del país donde debe pagarse.

Enlace directo a la sentencia: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6DD94341CB0ADA452FB81497F7B616EC?text=&docid=213851&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=554101

Fuente: Noticias Jurídicas y modificaciones propias.