Los objetivos de esta nueva modificación son:
1. Aplicación de medidas reforzadas en relación a ciertos países contenidos en una lista de la Comisión Europea
2. Reducción del umbral de 15.000 a 10.000 euros para utilizar efectivo como medio de pago
3. Nuevo régimen aplicable a personas con responsabilidad pública
4. Creación un sistema de denuncia de infracciones de carácter confidencial
5. Adaptación los límites sancionadores a los umbrales máximos establecidos por la Unión Europea
6. Obligación de registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.
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